Tres asociaciones en defensa del medio ambiente de Ipar Euskal Herria -ACE, CADE y Auñamendi- han estudiado el expediente del superpuerto de Pasaia y, aunque no se les ha dado oportunidad para presentar alegaciones, han hecho público su análisis al respecto, que concluye pidiendo la retirada del proyecto al estimar perjudicial también para Lapurdi.
Arantxa MANTEROLA |
Preocupados por los «perjuicios irreversibles» que el superpuerto de Pasaia acarrearía también a la costa labortana, varios organismos de defensa del medio ambiente han exigido a la Autoridad Portuaria y a la Cámara de Comercio de Gipuzkoa que retire el proyecto «ecocidiario» de puerto exterior.
Action Citoyenne Environnementale (ACE), CADE y la asociación montañera Auñamendi, han manifestado que, «en tanto en cuanto el procedimiento de exposición pública para la presentación de alegaciones es transfronterizo», habían solicitado en dos ocasiones al primer ministro y a los ministerios de Ecología y del Marm así como al de Asuntos Exterioresm poder participar en la consulta.
Sin embargo, la prefectura les informó el pasado 3 de diciembre, precisamente el día en que finalizaba el plazo para las alegaciones, que no había transmitido sus peticiones.
Contra Natura 2000
Aunque son sabedores de que sus observaciones no serán asumidas oficialmente, estas asociaciones se han procurado el expediente de 600 páginas y han dado a conocer su análisis sobre dos puntos concretos.
El primero de ellos atañe al impacto medioambiental que el estudio aprobado por la Autoridad Portuaria de Pasaia reconoce que será «severo» e incluso «crítico o irreversible si no se aplican las 34 medidas correctoras con el fin de reducirlo».
Los signatarios aseguran que las alternativas 3 y 4 del Estudio de Impacto Medioambiental «provocarían la separación física de los acantilados del Jaizkibel del mar en un trayecto de 2.700 metros» y deploran que el programa europeo Natura 2000 proteja únicamente la franja relativa al monte.
Señalan que el superpuerto «influirá» en las zonas calificadas Natura 2000 o de interés ecológico de Ipar Euskal Herria, como la bahía de Txingudi, la cornisa labortana, los alrededores del castillo de Abadia o la isla de los Faisanes y, por extensión, en la flora y fauna que, en el caso de diversas especies, irían a contracorriente de las directivas europeas fijadas para su conservación.
Es por ello que demandan «una evaluación detallada de la incidencia de las obras y planes sobre los parajes Natura 2000 y sus alrededores».
Además, consideran que no se dan los condicionantes de «razones imperativas de interés general» o la «inexistencia de soluciones alternativas al proyecto» -como lo exige la normativa europea-, ya que «se han inflado las previsiones de tráfico» y no se ha contemplado «la posibilidad de servirse de las infraestructuras del puerto de Bilbo».
El segundo punto en el que inciden se refiere a la contaminación acústica de los océanos, cuyo aumento es cada vez mayor, según diversos estudios de expertos. Consideran, además, que las obras y el incremento del tráfico podrían «perturbar gravemente la fauna acuática» y, en especial, a las poblaciones estables de cetáceos de la franja Ulia-Jaizkibel, y también la de la costa hendaiesa donde están dos de ellas: la marsopa común y el delfín mular.
Exigen el respeto de los convenios y pactos internacionales
Además de la retirada del proyecto del superpuerto, las tres asociaciones exigen que se respete la letra de los convenios internacionales suscritos, así como el del convenio de Aarhus que regula el acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en temas medioambientales, «lo que no ha sido aplicada en el lado francés».
Asimismo, denuncian el hecho de que tampoco se haya garantizado «el derecho a la participación en la consultas transfronterizas como lo estipula la ley 9/2006 en su art. 11». Finalmente, recuerdan e inciden que la Constitución francesa recoge el «derecho a vivir en un entorno equilibrado y favorable a la salud». A.M.